INFRAESTRUCTURA EN LAS PRISIONES COMO NEGOCIO
Los contagios de coronavirus llegaron a los penales mexicanos en mayo y nuevamente la pandemia dejo ver problemas del sistema de justicia e infraestructura de las prisiones, años anteriores se intentó dar solución con la participación de empresas, pero no funcionó. En las prisiones estatales hay hacinamiento y carencia de servicios básicos. Si no hay cárceles que funcionan, México no avanzará en materia de seguridad.
La Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) ha llevado un seguimiento, a través de sus redes sociales, sobre la gravedad de la enfermedad en los Centros de Reclusión Social federales y estatales.
El mayor número de personas privadas de la libertad contagiadas está en Puebla, con 192 hasta el último corte del organismo. En segundo lugar, se encuentra Jalisco con 101 y en tercero la Ciudad de México con 75 y 40 sospechosos.
Ante la situación, gobiernos estatales de la capital del país, Estado de México y Oaxaca, aplicaron dos esquemas: libertad anticipada y libertad condicional, la primera estrategia fue impulsada por la Ley de Amnistía, es una preliberación que está autorizada por ley y están consideradas 800 personas, ya se han ido preliberando alrededor de 250, pues no son delitos graves y estaban por cumplir su sentencia. El objetivo fue reducir la sobrepoblación presentada en algunos centros penitenciarios que provocaba un mayor riesgo de contagio de COVID-19, y que ha existido durante décadas.
Penales abarrotados
En México hasta el 2018 había registrados 309 centros de reclusión social en los estados, de los cuales 255 son para adultos y 54 para adolescentes. Ese año había 176,819 personas prisioneras, de las que 34.6% permanecían privadas de la libertad sin tener sentencia. En la actualidad, según información de Niño de Rivera, la cifra asciende a 47%.
La mayoría de los sitios cuentan con algún grado de hacinamiento. Los penales en los que se presenta esta situación en mayor gravedad, se encuentran en Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas. Otro problema que agrava la situación es la escases de agua.
La información recabada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales desde 2011 a 2017, indican que alojan a más gente de la que se puede acoger.
La pandemia afecta la impotencia de saber que no tienen control absoluto respecto al hacinamiento en el que viven y a las condiciones que los rodean y estos problemas vulneran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y contribuyen de manera negativa al sistema de seguridad del país. La falta de presupuesto, sobreutilización de la cárcel como solución a los problemas de seguridad y la poca importancia brindada al sector, ha contribuido a problemas como la autogobernanza y la ejecución de crímenes dentro de las prisiones.
La solución a la infraestructura carcelaria
La solución sería reformar el sistema penal y darle la importancia debida de reinserción social, y dejar de usar a las prisiones como herramienta de castigo, ya que no aporta a la seguridad del país. Se deberían invertir más recursos en mejorar la infraestructura de los penales estatales y municipales, lugares en donde se enfrentan a carencia de servicios básicos y en donde se presentan los mayores problemas de hacinamiento.
Actualmente, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla tiene la propuesta de edificar cinco centros de reclusión social en el estado, ya que ayudaría a que la entidad se posicionara en los primeros 10 puestos de valuación de penales a nivel nacional. La edificación contribuiría a la reactivación del sector de la construcción después de la pandemia, sin embargo, las organizaciones especializadas plantean que primero se haga una reforma del sistema, para que estos centros sean el último recurso de impartición de justicia.
Por: Samantha García